Se considera que existe la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil patrimonial para garantizar la cobertura económica de posibles daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de las actuaciones de esta entidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 de la Constitución Española y en la Ley 40/20215, de Régimen Jurídico del Sector Público. Siendo el mediador quien informará sobre la oportunidad de contratar a través de procedimiento de contrato menor o adhesión a la FEMP.